El Colegio de Abogados denunció una crisis en el fuero de niñez y adolescencia

El Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de Villa Mercedes consideró en las últimas horas que la realidad que viven los juzgados de familia “han colocado a toda la sociedad en un estado de indefensión y orfandad nunca experimentado en la jurisdicción”.

Mediante un comunicado la entidad expresó una realidad que preocupa y que describió como “crítica e insostenible”. Señala que el fuero de Familia, Niñez y Adolescencia de la Segunda Circunscripción Judicial “se encuentra en grave peligro y riesgo en la prestación del servicio de justicia y cumplimiento de las garantías constituciones, que demandan inmediata intervención para una eventual solución”.

En la carta analizan que desde “hace un tiempo más que considerable” está en vigencia el nuevo Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia que, junto con la nueva Ley Orgánica “pretendía establecer un sistema de justicia basado en la celeridad, la inmediatez, la consagración plena del interés superior del niño”.

“Se pusieron en marcha y produjo un gran desfasaje de los tribunales. Esa desorganización y desfasaje trajo aparejada retrasos en los plazos procesales. En principio fueron incrementándose fallas. Trajo muchas fallas, muchos errores, la falta de personal era el mayor reclamo que todavía persiste, y a su vez los magistrados se comprometieron a que esto iba a mejorar en tres meses, seis meses. Todo cambio produce esta cuestión”, explicó el presidente de la entidad, Claudio Sánchez Clavero, en comunicación con El Chorrillero.

“A dos años estamos peor que nunca. Hemos colaborado de todas maneras con el Superior Tribunal, haciendo registros, yendo a reuniones, pidiéndoles más personal y reuniéndonos con los jueces”, insistió.

En la carta que se difundió a la comunidad remarcaron que pese a que se hicieron “todos los intentos de solucionar la problemática humana” hay un “caos en el servicio de administración de Justicia y la negativa rotunda de respetar las normas y plazos procesales vigentes”. Esto “ha colocado a toda nuestra sociedad en un estado de indefensión y orfandad nunca experimentado en nuestra jurisdicción”.

Se hace hincapié que también es grave la falta de respuesta del Superior Tribunal de Justicia que “sin escuchar los reclamos de aquellos abogados que día a día se ven obligados a lidiar con un sistema de justicia ineficiente, considera que no resultan procedentes las sanciones a los magistrados y en el peor de los casos, ordena el archivo de las denuncias formuladas”.

“Para el Superior Tribunal, el juzgado, los jueces y magistrados se están poniendo al día, que ya va a pasar y generó una gota que colmó el vaso que no se puede tolerar más. No se puede trabajar en Villa Mercedes”, expuso.

Añadió a eso las demoras que se presentan para concretarse una audiencia de régimen comunicacional con padres e hijos: “Esto es muy grave. Y se va a extendiendo, porque hace un par de meses se está aplicando, se produjeron los cambios en los juzgados civiles y ya hay una sobrecarga del trabajo sobre los empleados. Han reorganizado a los empleados de una manera totalmente ajena al sentido común”.

“No estamos en contra de los cambios, lo que sí consideramos es que los cambios tienen que ser progresivos”, aseguró. Y cuestionó que los cambios se hicieron sin tener ni el recurso humano ni la infraestructura.

“Si no tenés para nombrar personal no podés aplicar la ley. En muchas provincias ha habido cambios y se ha suspendido la aplicación de la ley. Acá le han dado para adelante diciendo, ‘bueno que salga lo que quiera’. En eso, los que pagan el plato roto son los justiciables y los abogados que litigamos”, agregó.

“Pretendemos que se le diga la verdad a la gente y a los abogados. Decir ‘esta ley en San Luis es imposible aplicarla porque no tenemos recursos. Eso es lo que tienen que decirles. Entonces cuando un cliente vaya al abogado a decir che yo me quiero divorciar en tres meses, poder explicarles que no va a poder ser. Entonces los abogados tenemos la herramienta para decirle la verdad a la gente. O cuando vaya un cliente y diga ‘quiero pedir los alimentos de mi hijo’, y bueno, eso va a demorar 6 meses para la audiencia”, agregó.

"Pedimos que quien no vaya a trabajar sea sancionado, a quien no esté capacitado para trabajar, o lo capaciten o que se corra del lugar porque hay otros jueces que sí lo hacen y lo hacen bien", dijo al último.